10 de Octubre del 2019

Procedimientos ilegales. José Fernando Orellana Wer comparte su experiencia en un retén de la Policía Municipal de Tránsito, en la Ciudad de Guatemala. Orellana explica que los agentes le notificaron que contaba con dos multas, por lo cual debían confiscar sus documentos y conducir su vehículo al depósito municipal si no pagaba de inmediato, en efectivo o con tarjeta de crédito. Orellana negó el procedimiento, indicando que los agentes no tienen el derecho de ejecutar dichas acciones. Tras un prolongado diálogo, le fueron entregados sus documentos para que circulara libremente. Orellana explica que según la Ley de Tránsito, la PMT debe entregar por escrito una boleta que contenga la infracción cometida, el artículo violado y el monto de la sanción a imponer. El ciudadano consta de un plazo de treinta días para dirigirse al órgano y pagar la multa.

”Un revés a la libertad de acción”

María Dolores Arias amplía su artículo publicado en República GT, titulado “Un revés a la libertad de acción”. Arias hace referencia al decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender el Acuerdo Gubernativo 89-2019, el cual establece el reglamento para las contrataciones a tiempo parcial. Según los sindicalistas que solicitaron el amparo, buscaban proteger el salario de los trabajadores y evitar la explotación. Existen repercusiones económicas, jurídicas y morales. El Convenio 175 de la OIT buscaba facilitar el vínculo laboral entre empleadores y empleados, asimismo, permitir el ingreso al mundo laboral con todas las prestaciones para el 70% de la población que trabaja en la informalidad. Con la suspensión, resurge el tema de la falta de certeza jurídica y la incertidumbre sobre lo que sucederá con los contratos ya suscritos.

n confiscar sus documentos y conducir su vehículo al depósito municipal si no pagaba de inmediato, en efectivo o con tarjeta de crédito. Orellana negó el procedimiento, indicando que los agentes no tienen el derecho de ejecutar dichas acciones. Tras un prolongado diálogo, le fueron entregados sus documentos para que circulara libremente. Orellana explica que según la Ley de Tránsito, la PMT debe entregar por escrito una boleta que contenga la infracción cometida, el artículo violado y el monto de la sanción a imponer. El ciudadano consta de un plazo de treinta días para dirigirse al órgano y pagar la multa. ”Un revés a la libertad de acción” María Dolores Arias amplía su artículo publicado en República GT, titulado “Un revés a la libertad de acción”. Arias hace referencia al decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender el Acuerdo Gubernativo 89-2019, el cual establece el reglamento para las contrataciones a tiempo parcial. Según los sindicalistas que solicitaron el amparo, buscaban proteger el salario de los trabajadores y evitar la explotación. Existen repercusiones económicas, jurídicas y morales. El Convenio 175 de la OIT buscaba facilitar el vínculo laboral entre empleadores y empleados, asimismo, permitir el ingreso al mundo laboral con todas las prestaciones para el 70% de la población que trabaja en la informalidad. Con la suspensión, resurge el tema de la falta de certeza jurídica y la incertidumbre sobre lo que sucederá con los contratos ya suscritos.


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