16 de noviembre del 2016

tap161116 Marta Yolanda comenta sobre las reformas constitucionales promovidas por el MP, Cicig y PDH, además, cuestiona la falta de discusión de las mismas y cómo las lecturas se convirtieron en simples procesos de trámite para su aprobación, lo cual puede provocar cambios sin considerar las consecuencias. En relación al tema, el analista político Giovanni Fratti opina Oliverio García Rodas era el encargado de indicar las irregularidades de la reforma; además, cuestiona el traslado de toda potestad de la Corte Suprema de Justicia a autoridades ancestrales indígenas indicando que no es lo mismo costumbre y resolución de conflictos o arbitraje a derecho, justicia y leyes.

Editorial

Jorge comenta diversas notas de interés. En la casa presidencial se realizó una reunión con jefes de bloque para discutir el caso TCQ; en el caso del programa del retiro voluntario del Congreso son 231 personas que lo han tomado, lo cual representa 45 millones de quetzales para cubrir los costos del programa, se espera que en los últimos años se disminuya la cantidad de empleados en el Congreso reduciendo así los costos. El procurador de los derechos humanos sugirió la intervención del RENAP para asegurar la identificación de 13,000 personas que no tienen DPI, lamentablemente esto es solo colocar a una persona con más poder sin traer ningún beneficio.

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puede provocar cambios sin considerar las consecuencias. En relación al tema, el analista político Giovanni Fratti opina Oliverio García Rodas era el encargado de indicar las irregularidades de la reforma; además, cuestiona el traslado de toda potestad de la Corte Suprema de Justicia a autoridades ancestrales indígenas indicando que no es lo mismo costumbre y resolución de conflictos o arbitraje a derecho, justicia y leyes. Editorial Jorge comenta diversas notas de interés. En la casa presidencial se realizó una reunión con jefes de bloque para discutir el caso TCQ; en el caso del programa del retiro voluntario del Congreso son 231 personas que lo han tomado, lo cual representa 45 millones de quetzales para cubrir los costos del programa, se espera que en los últimos años se disminuya la cantidad de empleados en el Congreso reduciendo así los costos. El procurador de los derechos humanos sugirió la intervención del RENAP para asegurar la identificación de 13,000 personas que no tienen DPI, lamentablemente esto es solo colocar a una persona con más poder sin traer ningún beneficio. [flv:http://videos.libertopolis.com/video/2016/nov/TAP161116.f4v] : [audio:http://files.libertopolis.com/audio/2016/nov/TAP161116A.mp3] : [audio:http://files.libertopolis.com/audio/2016/nov/TAP161116B.mp3]



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