Reformas ilegítimas al código penal son aprobadas de urgencia nacional en el Congreso. Estuardo y María Dolores explican que los decretos aprobados en el congreso buscan modificar la sanción en el delito de financiamiento ilícito, así como aumentar la conmutación de penas de 5 a 10 años. Sin embargo, en su intento de blindarse de los delitos políticos, dieron paso a que otros 400 delitos fueran conmutables; permitiendo que extorsionistas, homicidas y políticos corruptos cambien la pena de cárcel por dinero. Asimismo, indican que el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, declaró que ante la ilegalidad planteada en el Congreso de la República y en su calidad de Procurador, interpuso un amparo para impedir que tales reformas sean sancionadas y publicadas para su cumplimiento.